Desde hace un año, José Pérez Berbejas se encuentra preso en el Centro de Readaptación Social para Adultos (Cereso) en espera de que un juez le dicte sentencia por el delito que cometió: el robo de tres gallinas y dos gallos.
“Que ya me pongan en libertad, yo nomás me robé un gallo pa’venderlo”, dice en una entrevista realizada en el área de visitas del penal, donde fue recluido el 21 de marzo del 2006.
Aunque a simple vista el asunto de José no tiene grandes complicaciones, el actual sistema penal permite que personas como él sufran penas corporales demasiado largas en relación con los actos que cometieron.
En consecuencia, su encarcelamiento resulta costoso para el erario, ya que pueden pasar meses antes de que reciba una condena, lo que implica que le deben dar alimentos y otros satisfactores para que subsista.
Estos casos agravan el hacinamiento que enfrenta la prisión local y, por lo tanto, incrementan la carga penitenciaria.
Pero José no es el único en el Cereso local con este problema, pues su caso es similar al de poco más de 300 individuos que cometieron delitos considerados leves pero que deben esperar meses para que un juez resuelva su situación jurídica.
Las autoridades indican que la mayoría no cuenta con recursos económicos para lograr su libertad bajo caución, por lo que tienen que permanecer en prisión hasta que concluyan sus procesos.
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